
Pues bien, la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) considera que dicha normativa es contraria al derecho comunitario, generando inseguridad jurídica al empresario (leído en la pág. 26 de la Gaceta de los Negocios del 25/3/08), por lo que la semana pasada presentaron un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo. Están en su derecho. En fin, veremos como acaba la historia (imagen logo de FECEMD).